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| Edición Nº 23 |
¿Crisis energética o presión oligopólica? |
› Por Abraham Gak -Proyecto Estratégico de la UBA - Plan Fénix |
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| Las agoreras advertencias acerca de cortes de suministro eléctrico ya
escuchadas el pasado verano se revelaron falsas, pero de nuevo, la opinión pública es asustada por la información referida a posibles dificultades
con el servicio eléctrico y de gas. En esta ocasión, la amenaza se corporiza en la interrupción de suministro de gas a un conjunto de firmas industriales y generadoras eléctricas. Estos inconvenientes han generado un debate, en el que se cruzan opiniones diversas. Ellas convergen en planteos acerca del ajuste de tarifas de servicios públicos, de modo que desde el Plan Fénix estimamos relevante dar a conocer nuestro punto de vista acerca del presente episodio. En primer término, es de señalar que no existen restricciones nominales en la capacidad instalada eléctrica, por cuanto la generación disponible supera en alrededor de un 50% la mayor demanda registrada. En efecto, mientras que el suministro máximo requerido se encuentra en el orden de los 14.000 MW/hora, la capacidad existente supera los 21.000 MW. En segundo término, resultan pertinentes algunas consideraciones acerca del suministro de gas. Se aduce que las restricciones responden a la necesidad de recurrir a generación termoeléctrica, por baja disponibilidad de energía hidráulica; a su vez, esa primera opción se encuentra limitada debido a que no existirá suficiente capacidad de transporte de gas. En varios casos, esta aseveración se acompaña con advertencias acerca de la necesidad de reponer reservas de gas, habida cuenta de su disminución en los últimos años, lo que se lograría, desde ya, a través de un ajuste de tarifas. Este debate presenta, de hecho, muy pocas cifras concretas, al punto que resulta notable la carencia de información precisa acerca del desempeño de los sectores de gas y electricidad. Por eso, cabe puntualizar los siguientes aspectos: » Es cierto que las reservas de gas han disminuido durante la década del ’90, pero ellas equivalen aún hoy a 13 años de producción, de modo que no puede argumentarse que existan restricciones en lo inmediato. » Es real que a partir de la reforma regulatoria y privatización del sector (llevada a cabo a comienzos de la década del ‘90) no se han construido nuevos gasoductos para atender el mercado interno. Tampoco se ha incrementado significativamente el número de conexiones domiciliarias. Aun así, las empresas transportistas han logrado aumentar significativamente la capacidad de transporte, mediante la construcción de plantas compresoras y unidades de almacenamiento transitorio, que permiten amortiguar la demanda percibida en los momentos pico. » De hecho, en agosto de 2003 se despachó un 30% más de gas que en enero de 2004. Parece insólito aducir que en verano, con temperaturas elevadas, se registren restricciones en la oferta de gas. Las evidencias indican cabalmente que el problema de suministro que estamos atravesando no responde en lo esencial a restricciones técnicas de oferta. Por el contrario, todo sugiere que responde a una maniobra de retención de gas por parte de los productores, en busca de una mejora de los precios, aprovechando el crecimiento de consumo que se habría verificado en el primer trimestre de este año. La reforma regulatoria y la privatización del sector energético han generado efectos distorsivos de gran importancia; entre ellos, la insuficiente inversión en transporte, tanto de electricidad como de gas, y la conformación de un mercado claramente oligopólico en la producción de hidrocarburos. Hemos destacado asimismo la carencia de políticas de mediano y largo plazo para el sector energético, a pesar de su reconocido carácter estratégico. Es sabido, que varias empresas del sector se han visto beneficiadas por la devaluación, puesto que “no” han sufrido incrementos proporcionales en los costos de sus insumos energéticos. Precisamente por ello no se justifican estas maniobras de retención de la producción, para presionar por un aumento de tarifas. En rigor, si se verifican esas maniobras, deben ser aventadas rápida y vigorosamente por el Estado, que debe aplicar las regulaciones y controles que requiere cualquier mercado no competitivo, especialmente cuando tiene un carácter estratégico. De no actuar, el Estado quedará necesariamente involucrado en esas maniobras. Peor aún, el suministro de un insumo esencial para la población, como es la energía, se encontrará en riesgo, como resultado de una puja de intereses sectoriales. El presente proceso se asocia con la reciente sanción del Decreto 181/04, que instrumenta un procedimiento para el ajuste tarifario del gas. Este decreto autoriza a la Secretaría de Energía a celebrar acuerdos de precios con los productores; ese criterio refleja una práctica que se apoya en la elevada concentración de este mercado, y que resulta ilegítima cuando se realiza entre actores privados. Se requiere entonces que el gobierno defina su posición ante esta presión, procedente de una oferta oligopolizada. El debate actual no debe ocultar, por último, que se encuentra pendiente una definición acerca del futuro perfil energético del país. Por otra parte, es necesario adoptar medidas para corregir las distorsiones que ocasionó el marco regulatorio, en particular en lo referente a capacidad de transporte de gas y energía eléctrica. Estas medidas deben ser encuadradas en una estrategia de crecimiento con equidad, que la Argentina no supo encontrar en los últimos 25 años. Un cambio de rumbo en la política energética puede ser un paso decisivo en esa dirección. |
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