SECCIONES

Seguridad Alimentaria e Inflación en el pais

Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 9% de los menores de 17 años que viven en las ciudades sufrieron "riesgo alimentario": el doble que en el año 2006. El Premio Nóbel Amartya Sen ya explicó hace tiempo que el hambre no depende solo de la cantidad de alimentos producidos, sino de los derechos de los individuos a tener una alimentación adecuada, donde la importancia del Estado con sus políticas sociales es fundamental.

Por Sergio Gevatschnaider - sergiosear@yahoo.com.ar Lic. en Economía UBA, Contador Público UBA, Lic. en Administración UBA.

En los Estados desde 1996 hasta el 2002 el Departamento de Agricultura utilizó más del 55% de su presupuesto en programas de nutrición para los sectores de menos recursos. 

Lo anterior nos lleva a considerar que una falencia crónica en la Argentina es la insuficiencia de ciertos bienes esenciales suministrados por el Estado: los llamados bienes públicos. Entre dichos bienes está la seguridad alimentaria, la que es definida por la FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)  como la posibilidad que en  todo momento se tenga  acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos.

 ¿Y en la Argentina?

Según un informe de la Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas), la calidad nutricional de las prestaciones dadas por el Estado sigue siendo poco equitativa. Además, los alimentos de bajo costo generalmente involucrados no mejoran la situación nutricional de  los chicos hambrientos.
Empecemos por un hecho reciente. Manifestaciones, cortes de rutas, declaraciones desde el gobierno y desde los sectores de campo. Se ha terminado la polémica por la resolución 125, pero: ¿ha cambiado algo?
De un lado tenemos al agro: Si bien sólo aporta un 8.4% del valor agregado en la economía tiene alta influencia pues, por un lado es una fuente fundamental de divisas y recursos  para el pago de la deuda externa ya que las exportaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias abarcan el 58% del total exportado lo cual representa una cifra  superior a los 20.000 millones anuales. Además su producción consiste en parte de bienes como la carne y el trigo cuyos precios tienen una enorme influencia social.

Del otro está el Estado, con una necesidad urgente de divisas para el pago de la deuda externa que hasta fin de año entre capital e intereses suman 9.000.000 millones de dólares.

¿Cuál es el cultivo más dinámico en la Argentina?

La soja y sus fluctuaciones de precio afectan los superávit fiscales y comerciales y por tanto tenemos un Estado que en verdad es socio del proceso de sojización y no puede estar tan preocupado por su control. Si partimos de la década del 90, en 1996 comienza la implantación de la semilla transgenética de la soja comercializada como RR. Junto a la semilla se comienza a comercializar el herbicida de nombre "glifosfato" Su aplicación deja el suelo libre de malezas manteniendo indemne a la soja la cual gracias a la manipulación genética  tiene la propiedad de ser inmune a los efectos de este fuerte herbicida.

Su dueña, Monsanto es una empresa multinacional de agricultura y biotecnología. Es líder mundial en la producción del herbicida glifosfato, vendido bajo la marca Roundup, y de las semillas que han sido modificadas genéticamente. 
Las ventajas de las técnicas del uso de cultivos RR más comúnmente mencionadas por los expertos son dos: la flexibilidad en la aplicación del glifosato y la sencillez de la tecnología empleada. Este desarrollo implicó que la Argentina se posicionara como el tercer productor mundial de soja transgénica después de Brasil y Estados Unidos.

Entre las desventajas podemos mencionar que la introducción de este paquete tecnológico aumenta la dependencia hacia las grandes empresas transnacionales proveedores de insumos agrícolas ya que su rendimiento es mayor en grandes extensiones. De esta manera pierden participación e importancia los pequeños productores agrarios. 

¿Cual es la actual política económica en Argentina?

Ninguna, pues la política de dólar alto ha sido abandonada, por lo que el tipo de cambio real tiende a caer por la inflación.
Algunas explicaciones de la inflación destacan que una de sus causas es un dólar artificialmente elevado. La baja que se está produciendo en su valor real es celebrada por estos sectores debido a que suponen que un tipo de cambio real bajo lograría estabilizar la  economía de nuestro país bajando la inflación. Por el contrario, los que  lamentan el deterioro del tipo de cambio hacen hincapié que una moneda competitiva incentivaría el desarrollo del país.

Sin embargo, si abandonamos la macroeconomía y nos fijamos en problemas más sectoriales podemos ver un factor distinto de empobrecimiento: la falta de una política activa por parte del Estado que promueva o incentive la oferta de productos de consumo general. Por el contrario, el sistema presente  es  muy dependiente de la fluctuación de precio de un único bien, la soja, y según los expertos un modelo que no incentiva la diversidad ecológica del país es en sí mismo inflacionario.
Tenemos entonces un problema estructural y de deficiencias de los mercados, pues la oferta de la producción agropecuaria de bienes de consumo popular se vuelve esencialmente menos elástica y esto genera que, ante un aumento de la demanda de alimentos, la producción responda mucho menos, por lo que el ingreso real de los sectores populares irá disminuyendo paulatinamente por el aumento de precio de estos bienes.

En el presente se estima que la próxima cosecha de soja podrá ocupar hasta 900.000  hectáreas de tierras más que la correspondiente a la campaña 2007/2008. Esto es resultado de un escenario de precios en donde siempre es más rentable cultivar soja, por su buen precio internacional, el menor costo de sus semillas y la menor cantidad de fertilizante empleado.
No obstante, no es solamente el precio de los productos primarios la causa del incremento de sus precios finales, sino tambien de la cadena que llega hasta el  consumidor final. En este entramado tenemos la consolidación de oligopolios u oligopsonios (pocos vendedores o pocos compradores), que ejercen influencia en el precio del producto final, y funcionan por ejemplo, en el sector lácteo, en el de los aceites, en la exportación de cereales y en el complejo oleaginoso.

Además existe un proceso de diversificación de productos e imposición de marcas que se ve claramente en las góndolas de los supermercados, inundados de productos fortificados, reducidos en calorías, sin conservantes, etc. Consiste en el desarrollo de productos de mayor valor agregado junto a mayores costos de publicidad y distribución, los cuales si bien están destinados a sectores de mayores recursos desplazan la oferta y provisión hacia estos productos en detrimento de las marcas más económicas, incentivando el alza de precios de estas últimas. Junto con este proceso de concentración en la cadena alimentaria se produjo la desaparición de en los últimos tiempos de 87.000 explotaciones agropecuarias.

La inflación tiene entonces un alto componente no monetario dado tanto por la producción de alimentos que no se consumen internamente y su destino es la exportación, como por el incremento de precios a lo largo de la cadena alimentaria, lo cual nos lleva más allá de la discusión del tipo de cambio.

La oferta de alimentos básicos se vuelve menos flexible debido a las condiciones del campo. La insuficiencia de tales productos se traduce en un alza generaliza, por su influencia en el costo de los otros bienes, lo que incentiva los reclamos de aumentos  salariales que luego vuelven a trasladarse a los precios. Aunque debemos distinguir entre los trabajadores en blanco y en negro, siendo estos últimos quienes menos pueden defenderse de la inflación.

Por lo tanto dentro de una política antiinflacionaria debería existir un plan para evitar las fuertes asimetrías entre productores grandes y pequeños, evitando la carencia de productos alimenticios dados por el desplazamiento de la soja, discutiendo los beneficios o perjuicios dados por la dependencia a los grandes productores de semillas, enfatizando el concepto de seguridad alimentaria en un contexto de alta vulnerabilidad para la Argentina al depender de un solo producto. Ya se oyeron voces advirtiendo que lograr el excedente fiscal necesario para pagar las obligaciones de la deuda (luego del fallido proyecto de retenciones móviles) demandaría reducir los incrementos de los jubilados o empleados públicos o una "devaluación" que licue la deuda y los salarios es decir, generar más pobreza y exclusión .

En esta política de aumento de oferta se deberían evaluar los efectos ambientales que  pudieran afectar la producción futura de alimentos y por tanto, su posterior alza. El éxito de tal política permitiría también que el aprovecharse del alza de las materias primas a nivel internacional no se traduzca en un perjuicio para amplios sectores del país.

Entonces lo que necesitamos es una política activa por parte de un Estado eficiente, no como el actual, que promueva el desarrollo del país, evitando la rigidez en la oferta de productos alimenticios dentro de una política de bienes públicos que se enfoque en la necesidad de generar una seguridad en la provisión de alimentos. El combate a la pobreza teniendo en cuenta el derecho de todo habitante del país a obtener los alimentos necesarios es entonces un mecanismo en sí mismo antiinflacionario.

Aristóteles hablaba de lo superfluo de las palabras ante el rigor de la política. También  los discursos de los distintos sectores, con toda su verborragia y distintos puntos de vista, se estrellan a su vez contra algo concreto y absoluto, el hambre. Y un chico desnutrido en nuestro país, es un crimen. *

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